La situación que se está viviendo en Bolivia y en Venezuela muestra que ni el crecimiento macroeconómico ni las políticas de redistribución de riqueza por sí solas pueden prevenir el conflicto social. No obstante, no pretendo analizar en profundidad las causas de las fricciones que han emergido en países muy diversos del cono sur —Chile, Honduras, Ecuador, Venezuela, Panamá…—, sino poner de relieve una situación de alarma social que se vive en Bolivia y que quizá no estaba recibiendo la atención mediática que merece hasta que Evo Morales dimitiera.

Tengo amigos sinceros a ambos lados del espectro político que han desempeñado cargos de gran responsabilidad política tanto con gobiernos liberales como socialistas. Dos de ellos en particular combinan gran inteligencia, agudeza mental y buen corazón. Por ello, y mi por mis principios, no tomo posición ni atribuyo responsabilidades. Ambos tienen razones para justificar una posición u otra. Sus argumentos, no obstante, son inconmensurables pues parten de premisas diferentes. Visto desde este modo, la pregunta quizá no sea «¿quién tiene razón o quién tiene la culpa?» —aunque seguramente haya mayor dosis de responsabilidad y culpa en un lado u otro— sino «¿qué ocurre en una sociedad para que la gente esté dispuesta a matarse, a denigrarse, a olvidarse de la condición humana que comparte con quien tiene enfrente y hacia quien proyecta sentimientos de odio y frustración?» La violencia y su institucionalización en forma de guerra son los males más espeluznantes que los seres humanos hemos inventado y producen consecuencias imprevisibles que se prolongan por generaciones, heridas muy difíciles de sanar. Hay que evitarlas a toda costa. 

El detonante de la crisis política y de las movilizaciones bolivianas ha sido el resultado de las últimas elecciones. La comunicación de dichos resultados probablemente no fuera óptima, lo que generó sospechas acerca de su validez y legalidad. En este contexto de irregularidades —aparentes o reales—, el presidente Evo Morales se proclamó ganador y la oposición le acusó de fraude. El gobierno propuso atraer observadores internacionales que revisaran el recuento y la oposición solicitó que las elecciones se convocaran de nuevo. La Organización de Estados Americanos se pronunció para exigir que se repitieran las elecciones, el ejército y la policía recomendaron la dimisión del presidente para evitar la escalada de violencia, las movilizaciones sociales se acrecentaron y el presidente Evo Morales renunció a su cargo, generando alegrías y tristezas entre opositores y seguidores. Posteriormente, Evo Morales se exilió en México, los Ponchos Rojos bajaron de la montaña en son de guerra en pos de su líder, la vicepresidenta del Senado —de la oposición al MAS— asumió las riendas del ejecutivo y, ante el conflicto social, ofreció inmunidad a las fuerzas de seguridad ante el horizonte previsible de enfrentamientos violentos —una decisión contestada por la ONU y organizaciones pro derechos humanos—. Para mí, no obstante, estas cuestiones no son las más preocupantes, sino la fractura social y la violencia que se han desatado desde entonces.

Quienes estudian la violencia saben que rara vez los estallidos colectivos de violencia no son la consecuencia de un hecho puntual. Normalmente, la violencia política es el culmen de un proceso de maduración que se ha ido fraguando durante años. Bolivia es un país extremadamente rico, su gente diversa, su gastronomía deliciosa, su geografía encomiable. A pesar de ello, los prejuicios entre grupos han crecido. Estos prejuicios no serían tan dramáticos si se circunscribieran a la relación entre ricos y pobres, o entre grupos étnicos. Por el contrario, la identidad grupal y los prejuicios asociados se extienden a lo largo de múltiples grupos sociales cuya identidad colectiva gira en torno a diferentes claves: los ricos y los pobres, los campesinos y los urbanitas, los cruceños (cambas) y los paceños, los indígenas y los criollos, los socialistas y los liberales, los aimaras y los quechuas, los indígenas cocaleros y los indígenas mineros, los sindicalistas y los empresarios. En fin, la fractura social que rezuma violencia ahora se ha formado durante décadas y posee múltiples aristas.

Las calles de Santa Cruz, las carreteras, las sedes institucionales de La Paz y otros lugares en Bolivia han sido tomados por grupos violentos de diferente signo político que niegan la condición humana del adversario y azuzan levantamientos populares contra el «otro». Ha habido muertos y la escalada seguirá a no ser que se intervenga de algún modo para calmar los ánimos. Santa Cruz, la capital comercial de Bolivia, está paralizada y corre el riesgo de servir de sede para linchamientos populares contra quienes no piensan igual o son considerados exponentes del «otro bando», «de los malos».

Todo esto me lleva a pensar que la cohesión social no es un lujo, sino un aspecto a mimar, a cultivar, a atender, con independencia de quién gobierne un país. La polarización, las desigualdades sociales y económicas, la carencia de acuerdos intersubjetivos, la falta de valores compartidos, la desconfianza, los prejuicios, la multiplicación de referentes identitarios excluyentes, la excesiva individualización amenazan la cohesión social. Cualquier política pública, por muy bienintencionada que sea, no puede ser negligente con las consecuencias que puede tener en términos de cohesión social. Lo que divide, aunque parezca bueno, solo puede traer problemas a medio y largo plazo incluso para quienes en primera instancia parecen beneficiarse de ello. Recurrir permanentemente al conflicto, a la protesta, a la movilización, a la confrontación, a la competencia es un riesgo demasiado elevado como para poder asumirse. El adagio de que los medios determinan los fines, aunque simple, no puede olvidarse. ¿Cuántos países han sufrido consecuencias devastadores cuando algunos grupos, en nombre de la justicia social, de la paz, de la igualdad, de la prosperidad o del crecimiento económico han utilizado medios que no se ajustan a dichos fines? La experiencia histórica demuestra que la afirmación «el fin justifica los medios» contiene un grave error. 

En otras palabras, los objetivos sociales han de colocarse dentro de una matriz de interrelaciones entre principios y metas vertebrados por la cohesión social. ¿Hay que trabajar por la justicia social y por la eliminación de las desigualdades extremas? Sin duda sí, pero sin olvidar la necesidad de la cooperación y la unidad. ¿Hay que trabajar por lograr la unidad? Sí, pero sin sacrificar la justicia social ni la diversidad. ¿Hay que promover valores compartidos? También, pero sin imponerlos sobre el que piensa diferente y generando espacios para la producción de significados colectivos. ¿Hay que propiciar las condiciones para el crecimiento macroeconómico y la iniciativa empresarial? Por supuesto, pero no a costa del medio ambiente, de la opresión de minorías, de la degradación del trabajo manual y del aumento de las desigualdades. Superar la fragmentación y tener una mirada integral, holística, sistémica, compleja es fundamental para definir políticas beneficiosas para la mayoría y las minorías.

Para finalizar, la cohesión social ha de ser preocupación de todos, tanto en momentos de dificultad como de bonanza, tanto cuando se gozan de ciertos privilegios como cuando se carece de ellos. Ojalá Bolivia pueda volver al sendero de la normalidad y cuidar todo lo relacionado con la cohesión social sin centrarse en un solo aspecto y sacrificar el resto. Y ojalá que otros países como España aprendan esta lección tan importante para la convivencia. Ningún objetivo particular o grupal, ninguna meta —por muy loable que parezca—, puede lograrse atacando al otro, arrogándose la posesión absoluta de la verdad, polarizando la vida social, confrontando al diferente, generando enemigos, olvidando que, en lo más profundo, todos somos iguales en dignidad y deseamos las mismas cosas: amor, felicidad, prosperidad, tranquilidad, bienestar, salud, justicia, paz. El desafío es aprender a lograrlo. Como nunca se ha alcanzado, ¿no sería mejor intentar aprender a hacerlo juntos y generar procesos de aprendizaje colectivos, que luchar por imponer una agenda partidista, hipotética, dogmática que, aunque parezca ideal, no se sustenta sobre la experiencia sino simplemente sobre la ideología axiomática?