Lecciones pendientes para futuras crisis

Cuando restan dos meses para cumplir el segundo aniversario del primer estado de alarma y cinco oleadas después de aquella primera que llenó los hospitales de casos graves de covid, la sociedad navarra parece condenada a repetir una y otra vez la misma pauta: restricciones crecientes cuando los contagios se descontrolan que dan paso a un relajamiento prematuro para dar oxígeno a una ahogada economía. Al igual que Sísifo obligado a cargar monte arriba con una pesada piedra que luego rueda cuesta abajo tras superar la cúspide para tener que volver a empezar indefinidamente, el final de cada pico de la pandemia ha hecho pensar erróneamente que sería el último.

El difícil equilibrio de intereses muchas veces encontrados, la limitación de recursos disponibles, la urgencia de adoptar medidas, el hartazgo social y la creciente tensión política hacen casi imposible plantearse un balance objetivo de lo hecho hasta la fecha y tratar de aprender de los errores. Una gestión política, económica y social en la que los distintos actores públicos y privados también se han anotado aciertos todavía por reconocer. Las distintas fuentes consultadas para este reportaje coinciden en la necesidad de afrontar, antes o después, un análisis crítico para estar mejor preparados de cara a la próxima crisis sanitaria que, según advierten los científicos, inevitablemente llegará.

Los datos que maneja el departamento de Salud resultan preocupantes y no dejan lugar a dudas: la salud mental de los navarros, especialmente entre los más jóvenes, ha experimentado un importante deterioro en los últimos meses. La incidencia por cada mil habitantes en la franja de 15 a 29 años ha pasado de los 20 casos en 2020 a los 23,6 en 2021, un empeoramiento que en el caso de las mujeres es más acentuado, en las que ha pasado de 20,7 a 30,6 casos de un año a otro. “Los intentos de suicidio están detrás del 20% de las urgencias de pacientes de cero a 29 años que se atienden en el Hospital Universitario de Navarra”, explica el director general de Salud, Carlos Artundo. Aunque este alto cargo del Gobierno de Navarra reconoce que los recursos destinados a salud mental son “insuficientes”, considera que la principal área de actuación para corregir este problema debería enfocarse hacia la prevención.

Sergio García Magariño, doctor en Sociología por la Universidad Pública de Navarra (UPNA), destaca que el modelo de la salud pública en España se ha centrado en desarrollar la medicina especializada en detrimento de la atención primaria. “Ya pasaba antes de la pandemia, pero ahora se ha hecho más patente que la atención primaria es básica”, considera. Ello unido al gran aumento de los problemas de salud mental, tradicionalmente tratados por los médicos de familia salvo en los casos graves, ha dejado en evidencia la falta de medios para este tipo de dolencias. “Presumíamos de que tener uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo gracias a la especialización. Pero eso ha tenido un coste, porque fue necesario desatender la atención primaria”, lamenta García Magariño.

Eduardo Ruiz de Erenchun, abogado penalista y profesor asociado de la Universidad de Navarra, cree firmemente que el poder judicial “ha estado a la altura de las circunstancias” si se tiene en cuenta la excepcionalidad provocada por la pandemia. Ello no le impide ponerle “un suspenso” por la falta de transparencia de los fallos relacionados con las restricciones, que a su entender “deberían haber sido públicos”. De cara a dotarse de un ordenamiento más adecuado para futuras crisis sanitarias, se muestra partidario de promover una ley orgánica específica que pueda dar “garantías jurídicas para administraciones y ciudadanía”. Ruiz de Erenchun explica que las restricciones a los derechos fundamentales como la libertad de circulación precisaban de un estado de excepción, fórmula que además hubiera contado con aval parlamentario.

El director general de Salud también admite que sería “básico” contar “lo antes posible” con una ley específica para afrontar crisis sanitarias. En cuanto al respaldo judicial a las medidas restrictivas planteadas por Salud, este alto cargo de la Administración foral destaca que, al contrario que otras comunidades, en Navarra siempre se plantearon previamente ante la Justicia. Y como prueba del buen hacer del Gobierno y el Tribunal Superior (TSJN), Artundo recuerda que se han aprobado “el 93%” de las medidas. “De las 56 órdenes forales, solo cuatro fueron rechazadas y dos de ellas, tras acotarlas, también fructificaron”, argumenta. Para ello ha sido clave que el TSJN haya considerado que la ley general de sanidad, la ley de salud pública y la ley foral de salud eran “un marco normativo suficiente” para restringir los derechos básicos.

La falta de un abordaje internacional de una crisis que azota a todo el mundo es para José Luis del Pozo, responsable del servicio de enfermedades infecciosas y el servicio de microbiología de la Clínica Universidad de Navarra, es otro de los grandes errores colectivos frente a la pandemia: “La covid se trata de un problema que nos afecta a todos, tanto a los países ricos como a los habitantes de Nueva Delhi o Namibia”. Carlos Artundo comparte esta visión y califica de “miope” la estrategia que ha priorizado la inmunización de las zonas más desarrolladas del planeta. “No se trata solo de equidad y justicia, sino de inteligencia”, explica. El director general de Salud señala que no sirve de nada la hiperinmunización de una parte del mundo si otras zonas, como África, la vacunación se sitúa en el 15% de la población, lo que da pie a la aparición de nuevas variantes como ómicron en Sudáfrica o delta en la India que “nos seguirán poniendo contra las cuerdas”.

El doctor Del Pozo lamenta que todavía no se haya constituido “una comisión de expertos que actúe de forma transparente y tenga capacidad de decisión para introducir cambios”. A su juicio, el “oscurantismo” con el que han actuado los diferentes gobiernos ha contribuido a una “creciente desconfianza”. Este microbiólogo defiende que España cuenta con “muy buenos profesionales” especializados para configurar un equipo multidisciplinar con facultades que vayan más allá del mero asesoramiento. Para Carlos Artundo la evaluación crítica “se tiene que hacer por obligación” para aprender de las duras lecciones sufridas, aunque considera que esta debería ser “verdaderamente independiente” y al margen de quienes han estado directamente implicados en la gestión de la pandemia y de la esfera política. El director general de Salud advierte de que España no comparte la cultura de las naciones anglosajonas a la hora de abordar la autocrítica y teme que la rivalidad política enturbie un debate que debería ceñirse a lo científico. En ese sentido, aboga por dejar que el asunto quede en manos de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o la autoridad reguladora europea, ello sin descartar una futura comisión de expertos a nivel nacional.

El sociólogo Sergio García Magariño explica que, pese a que la ciudadanía valora mucho la ciencia, al mismo tiempo la capacidad real para comprenderla “es pobre”. A ello se une la inercia de rechazo a la autoridad religiosa que nació en la modernidad y se ha extendido a cualquier autoridad ya sea política o científica: “Todo se mira con recelo”. La revolución de las telecomunicaciones y la digitalización también juegan un papel relevante a la hora de generar una “enorme cantidad de información” que resulta imposible de digerir. “Antes la ignorancia era resultado de falta de información. La diferencia es que un ignorante podía ser consciente de sus carencias, pero ahora todo el mundo cree saber. Ello dificulta hacer cualquier campaña de divulgación, ya que los bulos se valen de técnicas más atractivas para calar en la sociedad”, argumenta.

Para el doctor Del Pozo, la estrategia informativa que se ha llevado a cabo por parte de las autoridades “ha fallado mucho”. Se ha limitado a un “bombardeo de cifras”, como los datos de contagios y vacunaciones, en vez de centrarse “en las claves”. “La gente no sabe en qué se basa la decisión de acortar los aislamientos. Por ejemplo, los cinco días establecidos en Estados Unidos tienen un riesgo, ya que acortar la cuarentena incrementa el riesgo de contagios. Pero al mismo tiempo ninguna nación puede permitirse tener inactivos a millones de trabajadores en sus casas”, indica. También se muestra muy crítico con las recomendaciones actualizadas que suelen explicarse en “documentos larguísimos e ilegibles” para la mayoría de la población.

Aunque en las calles de Navarra o el resto de España no se han visto las manifestaciones multitudinarias de negacionistas que han derivado, por parte de grupos minoritarios, en actos violentos en otras zonas de Europa, las calles de pueblos y ciudades en la Comunidad foral tampoco han sido completamente inmunes a la agresividad. Por ejemplo, los ataques a distintos cuerpos policiales durante los toques de queda en localidades como Aibar, Estella o Pamplona. Sin justificar estos comportamientos, el sociólogo Sergio García Magariño achaca el aumento del extremismo al “hartazgo por la pandemia y las medidas coercitivas”, a lo que se unen “las vacunas obligatorias” tal como se estudia en varios países europeos.

Para mitigar estos fenómenos, sugiere que se evite en la medida de lo posible la represión y se opte por “la pedagogía y la educación”. “Cuando la gente entiende que debe cambiar su comportamiento, lo acepta de forma voluntaria. Por el contrario, las obligaciones provocan reacciones”, plantea. García Magariño también echa en falta una mayor coordinación en los mensajes institucionales, lo que ayudaría a que los ciudadanos fueran “más obedientes”. Así, razona que las inconsistencias en los mensajes de las autoridades “hacen creer a la gente que se están riendo de ellos y favorecen la violencia”.

El doctor Del Pozo todavía está sorprendido de lo bien que ha aguantado el sistema sanitario en el conjunto de España tras dos años de pandemia: “Desde febrero de 2020 ha sido un no parar para el personal sanitario que ha lidiado a diario con la covid. Ello ha supuesto una sobrepresión física y mental desmesurada”. Pese a la “buena respuesta”, este microbiólogo cree que “se han visto las costuras por todas partes” por la escasez de personal especializado y una atención primaria “infradotada”. A su entender, faltan médicos y enfermeras, un problema que se va a ir agudizando por las jubilaciones. Además, muchos hospitales se han quedado viejos y sus instalaciones resultan inadecuadas para el aislamiento y la reconfiguración de zonas covid.

Este experto alerta del bloqueo que se produce en los centros de salud por la llegada masiva de pacientes con síntomas leves para realizar pruebas. Este atasco podría aliviarse con “estructuras intermedias entre la atención primaria y las urgencias”. Estos “centros de diagnóstico” se encargarían de realizar pruebas gratuitas. Del Pozo va un paso más allá y se atreve a defender el modelo del hospital Zendal, levantado en Madrid, para derivar a pacientes menos graves. El director general de Salud admite que los centros de atención primaria están “sobrecargados”, aunque añade que la próxima semana comienza el nuevo procedimiento que, en caso de que un autotest dé positivo, se confirme después con otra prueba que se hará en Forem, así como en “Estella y Tudela”. Artundo destaca que muchas gestiones antes presenciales ahora se han digitalizado: “Antes había activos unos pocos miles de accesos a la carpeta de salud y ahora superan los 450.000”.