—Pamplona, 7 de diciembre de 2020—. Así recogía, en representación de la OSCE, una catedrática de derecho eclesiástico del Estado, las conclusiones de un seminario sobre la interrelación entre libertad de creencias y seguridad auspiciado por dicha organización.

La prevención de la radicalización es un asunto de Estado. Sin embargo, también sirve de pretexto para coartar libertades en materia religiosa que, paradójicamente, resultan fundamentales para la seguridad. Con esta motivación, la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODHIR) de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) preparó un manual de orientaciones (policy guidance). Su propósito es contribuir a informar las políticas públicas con una noción apropiada de la relación entre esos dos valores: libertad y seguridad.

En España, diversas entidades comprometidas con la prevención de la radicalización y el fortalecimiento de la cohesión social, así como algunos diputados, llevaban tiempo organizando un seminario en el Congreso de los Diputados que se hubo de cancelar por el Covid sobre este mismo tema. ODHIR de la OSCE también se implicó. Sin embargo, dicho seminario se convirtió en un evento online que se celebró el 7 de diciembre de 2020; se proyectó públicamente en gobernanza.es (donde ya está alojado); y se benefició de la contribución de expertos, políticos, periodistas y representantes religiosos. DEMOSPAZ de la UAM, I-Communitas de la Universidad Pública de Navarra, la Oficina de Asuntos de la comunidad bahá’í de España y la OSCE fueron algunas de las entidades organizadoras. A continuación se comparte un resumen tanto de los contenidos como de la estructura.

El seminario giró en torno a tres paneles: un panel político, uno mediático y otro religioso. Tras la exposición introductoria del “Manual de orientaciones” de Mikolaj Wrzecionkowski —asesor principal de la ODHIR de la OSCE en materia de libertad religiosa—, el primer panel exploró las implicaciones de la interrelación entre libertad religiosa y seguridad sobre las políticas de prevención de la radicalización. Zoila Combalía, catedrática de derecho eclesiástico del Estado y también en representación de la OSCE, señaló que «superar la tensión entre libertad y seguridad es fundamental desde el punto de vista práctico, puesto que si no respeta la libertad religiosa, se nutre la radicalización».

Por su parte, Ismael Cortés, antiguo investigador de DEMOSPAZ y diputado en el Congreso de Unidas Podemos, indicaba que «el clima de polarización dificulta la gestión pública una materia que requiere consenso y coordinación en muchos niveles». También habló de cómo los representantes públicos deberían normalizar el hecho religioso, «participando, por ejemplo, en las actividades de todas las confesiones».

David Pérez, quien fuera alcalde de Alarcón y Consejero de Administración Local y Vivienda de la Comunidad de Madrid, compartió su experiencia en materia de gestión de la diversidad religiosa: «Acercarse a la gente, a las diferentes confesiones y promover la libertad y la tolerancia son claves para una buena gestión de la diversidad que favorezca la cohesión».

La segunda mesa, moderada por Andrés Shoai, de Kreab, reunió a Pablo Elorduy, de El Salto Diario, Stephan Grueso, de Maltita.es y Arash Arjomandi, filósofo colaborador habitual de medios, para debatir sobre el papel de los medios en la promoción de una saludable interacción entre libertad religiosa y seguridad. Stephane enfatizó la importancia de combatir la desinformación ya que esta también mata, como se vio en el caso de Irán, donde 700 personas murieron en dos meses tras creerse el bulo de que el alcohol mata al coronavirus e ingerir grandes cantidades del mismo. «El 50% de la desinformación en España se concentra en cuestiones falsas sobre la inmigración y dentro de esta, las cuestiones religiosas sobresalen».

Pablo Elorduy afirmó que los medios «deben representar adecuadamente las diferentes sensibilidades religiosas de la población, así como sus corrientes de pensamiento». Al concluir la mesa, Arash Arjomandi habló del deber existencial de transmitir hechos contrastados. «Los medios deben transmitir verdades, hechos, aunque, en función de su ideología o línea editorial puedan enfatizar más unos datos sobre otros, pero su razón de ser es consustancial a no faltar a la verdad». La mesa también subrayó el hecho de que los medios tienen una gran responsabilidad de cara a establecer y moldear el tono del debate público, puesto que el discurso mediático cada vez tiene más influencia. Puede promover actitudes conciliadoras, constructivas o, en busca de audiencia, explotar todo tipo de recursos, como el conflicto y la confrontación que ponen en riesgo la paz social.

El tercer panel contó con la moderación del catedrático de antropología y director de DEMOSPAZ, Carlos Giménez. Los protagonistas fueron Mohamed Ajana Elouafi — Secretario de la Comisión Islámica de España—, Mardía Herrera —docente, escritora y miembro de la Comunidad Sufí—, José Miguel Lliria —pastor de la Comunidad Evangélica Romaní— y Clarisa Nieva —Directora de la Oficina de Asuntos Públicos de la Comunidad Bahá’í de España—. D.ª Julia Nieto, la representante de asuntos Interconfesionales de la Comunidad Judía Masorti Bet-El, aunque invitada, tuvo que excusarse.

Los representantes de las diferentes confesiones plantearon que los grupos que dicen actuar en nombre de una u otra religión —en la interrelación entre seguridad y libertad religiosa y en la prevención de la violencia— poseen una triple condición de víctimas, perpetradores y actores clave para la solución. La dimensión más alejada de la realidad, aunque las campañas de desinformación se empeñen en ello, es la de perpetradores. Aunque existen grupos religiosos, minoritarios, que fomentan la intolerancia y en ocasiones la violencia, estos han captado la atención pública con mucha fuerza, colocando un estigma sobre la mayoría de las comunidades religiosas y creyentes. «Los más interesados en prevenir la violencia y en fomentar la tolerancia somos las confesiones, porque a nosotras es a quienes más nos afecta la violencia cometida en nombre de la religión», manifestaba Mohamed Ajana.

Esas declaraciones del secretario de la la Comisión Islámica de España aludían a la segunda condición de las confesiones en esta materia: la de víctimas. Las confesiones son víctimas de la violencia ejercida en nombre de la misma religión, de las políticas de seguridad del Estado cuando coartan libertades o ponen el foco en determinados grupos religiosos, de los discursos del odio y del estigma social. «Se nos discrimina por nuestra identidad religiosa, por nuestra condición de minoría y, en nuestro caso, también por cuestiones étnicas», indicaba el pastor evangélico romaní Jose Miguel Llíria.

La tercera condición tiene que ver con ser parte de la solución. Tanto el secretario de la Comisión Islámica de España, como el pastor evangélico y las representantes del islam sufí y de la comunidad bahá’í compartieron experiencias e identificaron conceptos y valores positivos para la convivencia que promueven las religiones y que parecen clave en materia de seguridad. «Reconocer la unicidad de la especie humana sirve de anclaje para una identidad colectiva común, para generar unos lazos de unión que se presten al aprovechamiento de la gran riqueza y potencial que supone la diversidad cultural, religosa y étnica de la humanidad» eran las palabras de Mardía Herrera, evocando cuestiones poéticas del islam sufí. Clarisa Nieva, a su vez, compartió algunas iniciativas propias y en colaboración con otras entidades que la comunidad bahá’í de España tiene en España con implicaciones para la integración y la prevención de la violencia. «Colaboramos con algunos programas que abordan la radicalización de diferentes formas con la Fundación Pluralismo y Convivencia o la Fundación Mercedes Migraciones, además de coordinar varios programas educativos que buscan empoderar a gente en las bases para trabajar por el bien común y que prestan atención especial a la integración de personas con orígenes diversos en una misma comunidad de propósito». Muhamed Ajana también habló de la colaboración que la Comisión Islámica tiene tanto con el gobierno como con algunas universidades para abordar esta interrelación entre seguridad y libertad religiosa de manera integral.

En definitiva, un evento muy rico y diverso que mostró que es posible entrelazar voces diversas procedentes de ámbitos y sectores distintos en una única conversación constructiva.